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  • Gallardón reconoce que, en materia de presunción de inocencia, «la realidad nos ha superado»

    Los juicios paralelos y su conflicto con la presunción de inocencia es un problema que afecta, no sólo a jueces y medios, sino a toda la sociedad, según el ministro.

    Madrid, 18 de febrero de 2013- La Fundación Fernando Pombo y la Fundación Wolters Kluwer presentaron el 18 de febrero en la Asociación de la Prensa de Madrid el libro titulado La presunción de inocencia y los juicios paralelos, una obra colectiva enfocada a analizar un fenómeno creciente en los medios de comunicación y redes sociales que entorpece la acción de la Justicia y que afecta de modo especialmente grave a las partes implicadas en el proceso. La obra, coordinada por la especialista en Derecho Constitucional Ana María Ovejero, recopila las ponencias realizadas en un curso del mismo título celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Junio de 2012.

    El acto contó con la participación del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien reconoció en su intervención que, en este contexto, «la realidad nos ha superado». Señaló asimismo que «se trata de un problema que afecta, no sólo a jueces y magistrados, sino a toda la sociedad», y que «pocas veces ha sido tan actual como en el momento presente». Ruiz-Gallardón anunció la necesidad de revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal , dado que en la actualidad «la mera imputación de una persona puede dar lugar a un prejuicio y a su condena mediática».

    Durante la presentación intervino también el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien destacó que esta obra «ahonda en la pluralidad democrática» y ponderó la amenidad de su lectura, a pesar de la crudeza del tema abordado. Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen del Riego, defendió en su intervención el papel de los medios, de los que dijo «son aliados de la sociedad, no sus enemigos» y concluyó diciendo que «los juicios paralelos no son periodismo».

    Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, calificó la presunción de inocencia como una «piedra angular de la Democracia» después de que Joaquín García-Romanillos, presidente de la Fundación Fernando Pombo, anunciara la creación de un «Observatorio de la presunción de inocencia y los juicios paralelos». García-Romanillos denunció que «la línea divisoria entre información y juicio paralelo es muy tenue», mencionando como ejemplo el caso de Dolores Vázquez en el juicio por el asesinato de Rocío Wanninkhof y lamentó que «un titular que no afirma, sino que insinúa, puede causar indefensión pero es difícilmente perseguible por la Ley».

    La presentación contó con la presencia de relevantes personalidades del mundo jurídico y reconocidos profesionales del periodismo.

  • El 83% de los españoles cree que la mejor forma de prevenir la delincuencia es que haya más trabajo y menos paro

    La Fundación Wolters Kluwer hizo público el 15 de octubre el III Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia, dirigido por Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional.

    El magistrado ha declarado que el Barómetro está concebido como un instrumento de reflexión que enriquezca el debate abierto en la opinión pública, aportando notas importantes que lo alimenten. En esta edición del Barómetro se ha investigado ampliamente la posición de la ciudadanía ante las penas vigentes en el ordenamiento jurídico, con un bloque específico enfocado a la justicia de menores. Elaborado con la colaboración de Metroscopia, el Barómetro ha supuesto la realización de 1.000 entrevistas telefónicas entre individuos mayores de 18 años del ámbito nacional entre el 16 y 21 de mayo de 2012, partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple (para un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error del ± 3,2%).

    La imagen de la Justicia empeora, pero aumentan las causas sometidas a los Tribunales

    La opinión pública española reflejada en el Barómetro indica que 2012 no sólo está siendo un mal año para el país, sino también para el prestigio de las principales instituciones, incluida la Justicia, que registra este año el peor dato de imagen de los últimos veinticinco años. Ante la pregunta ¿Cómo diría usted que funciona la Administración de Justicia?; ¿el funcionamiento es igual, mejor o peor que hace dos o tres años? el 65% considera que funciona Mal o muy mal, produciéndose en 2012 un incremento del 27% respecto a los resultados de 1987. Sin embargo, a la consulta sobre ¿Quién preferiría que lo juzgase si fuera usted acusado penalmente? las preferencias de los ciudadanos son claras: el 60% de los encuestados preferirían que los juzgasen los jueces, y sólo el 30% se decantaron por el jurado.

    Respecto a la cadena perpetua o la pena de muerte, crecientemente demandadas para los delitos más graves, Juan José García de la Cruz, profesor de Sociología de la UAM y Jefe de la Sección de Estudios Sociológicos del CGPJ, opina que Los ciudadanos no conocen alternativas a la cadena perpetua o la pena de muerte para mantener alejados de las calles a los delincuentes potencialmente más peligrosos y propone entre otras medidas la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito penitenciario. (Para un análisis en profundidad de los resultados del Barómetro en materia de evaluación social de las penas vigentes en el Código Penal, consultar el artículo adjunto de Juan José García de la Cruz en el Diario LA LEY)

    Respuesta ambivalente ante la delincuencia juvenil

    En relación con la delincuencia juvenil, la encuesta muestra cierta ambivalencia en la opinión de los españoles, que abrazan al mismo tiempo las dos grandes alternativas de respuesta ante las infracciones cometidas por jóvenes: el castigo y la educación. Así, aunque los encuestados respaldan fuertemente la mano dura y la disciplina como reacción ante la delincuencia juvenil, también rechazan la cárcel como castigo, al considerarla una escuela de criminales, y apoyan la inversión en educación, opción que ha obtenido una puntuación del 8,2/10. En opinión de Esther Fernández Molina, profesora de Derecho Penal del Centro de Investigación en Criminología (Universidad de Castilla La Mancha) Si existe un sector de la población sobre el que se albergue alguna esperanza de su posible recuperación ése es el de los jóvenes. (Para un análisis en profundidad de los resultados del Barómetro en materia de delincuencia juvenil, consultar el artículo adjunto de Esther Fernández Molina en el Diario LA LEY).

    El Barómetro de la Actividad Judicial se realiza en el marco de las iniciativas que desarrolla el Observatorio de la Actividad de la Justicia, un proyecto de la Fundación Wolters Kluwer puesto en marcha para contribuir al conocimiento y análisis de la actividad judicial y sus funciones en la sociedad española.

  • “Es necesario crear soluciones alternativas a las reclamaciones ante los tribunales”

    La Fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz Valcárcel, presentó el 14 de diciembre en Madrid el Informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López.

    El Informe presentado por la Fundación Wolters Kluwer consta de diez Indicadores y de un Índice Global, construidos con los datos disponibles en la Estadística Judicial. Su valor más importante, como destacó Enrique López durante la presentación, reside en la posibilidad de comparar sus resultados año tras año, al estar basado siempre en los mismos parámetros. La carga de trabajo, por ejemplo, ha crecido significativamente en los últimos años. En 2007 sólo dejó de atenderse el 4,57% de los asuntos que entraron en los órganos judiciales, mientras que ese porcentaje ha sido del 15,43% en 2010, a pesar de las medidas de ajuste acometidas. En 2010 se crearon 151 nuevas plazas judiciales, pero serían necesarios aún 423 jueces y magistrados más para hacer frente a la actual carga de trabajo de los tribunales.

    El número de procesos concluidos en un plazo razonable también es un indicador que empeora. El dato de 2010 refleja que un 51,29% de los procesos tiene una duración óptima, lo que supone una caída de 2,38% respecto a 2009. En 2007 más del 60% de los asuntos cumplían con este objetivo.

    La calidad subjetiva de la Justicia, sin embargo, ha mejorado en 4 puntos porcentuales respecto al año anterior, pues sólo el 5,92% de las resoluciones dictadas en primera instancia resultaron modificadas por sentencia definitiva tras ser recurridas. Esta mejora supone una recuperación de los niveles anteriores a 2009. En clara tendencia positiva, mejora también el Indicador Quinto, que mide la confirmación de resoluciones en casación: en 2010 el 91,24% de las sentencias recurridas en casación fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, mientras que en 2007 el dato era del 89,01%.

    El Índice Global de la Actividad Judicial en 2010 es del 68,86%, empeorando levemente (un 0,65%) respecto al de 2009, año en que este Índice mostró signos de mejora.

    Para terminar, el director del Observatorio de la Actividad Judicial mostró su preocupación por el hecho de que los objetivos empresariales de los medios de comunicación, principal fuente para los ciudadanos de conocimiento y valoración de la Administración de Justicia, conduzcan (no intencionadamente) a generar en la opinión pública una imagen de la actividad judicial muy alejada de su realidad y de sus esfuerzos y logros cotidianos. Esta ausencia de valoración de la actividad judicial en su conjunto conduce, en opinión de los expertos del Observatorio, a una situación de indefensión de la Justicia ante la opinión pública.

    Mesa redonda sobre Un nuevo modelo de Justicia para una España en crisis

    Tras la presentación del Informe 2011 del Observatorio se celebró una mesa redonda en la que los operadores jurídicos propusieron diferentes medidas para mejorar la Justicia en esta época económicamente complicada. En ella participaron el director del Observatorio, Enrique López, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, Luis Rodríguez Ramos, vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y el presidente del Consejo General de Colegios de Procuradores, Juan Carlos Estévez.

    Hay que cerrar las vías de agua por las que nuestro sistema pierde recursos, dijo Enrique López. Entre las medidas para mejorar la Justicia propuestas por el director del Observatorio destaca la racionalización de sus costes, limitando los abusos en el acceso a la Justicia Gratuita, extendiendo a las personas físicas el pago de tasas judiciales (tal como hacen ya las personas jurídicas), fortaleciendo la ejecutividad de ciertos títulos, como las facturas, e incentivando el uso sostenible de la Justicia y los sistemas extrajudiciales de composición de conflictos.

    Fernando de Rosa, por su parte, declaró que la transformación de la Justicia no tiene que suponer necesariamente una gran inversión y que el problema no es tanto económico como organizativo. En su opinión, habría que restringir la creación de nuevos juzgados (la puesta en marcha de cada uno supone un coste de 300.000 euros) y redactar una nueva Ley de Planta y Demarcación, más acorde con la España del siglo XXI que la actual regulación, que permita la concentración de órganos judiciales en grandes núcleos de población.

    Luis Rodríguez Ramos propuso la firma de un nuevo Pacto de Estado para la Justicia y un Pacto de Estamentos, incluyendo en el mismo a ingenieros, administradores de empresas y universidades, y reclamó una Ley Orgánica que regule el Estatuto de la Abogacía, igualando el status al de jueces, fiscales y secretarios judiciales. El presidente del Consejo de Procuradores, por su parte, reclamó también un Estatuto propio, y consideró infrautilizado a su colectivo, ofreciendo por ello el apoyo de la Procura a la administración de Justicia para asumir cargas en materia de comunicaciones que permitirían prescindir, entre otros, de los servicios comunes de notificaciones y embargos.

    Entre los asistentes al acto de ayer hubo importantes personalidades del sector judicial: el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, los vocales del Consejo General del Poder Judicial Antonio Dorado, Claro José Fernández-Carnicero y Ramón Camp, el portavoz de Justicia del PP Federico Trillo, el Consejero de Estado José Luis Manzanares, y magistrados del Tribunal Supremo como Juan Antonio Xiol, Milagros Calvo, Julián Sánchez Melgar o Benito Gálvez.

  • España necesita 506 jueces y magistrados más para atender el elevado volumen de litigiosidad, según el Informe 2010 del Observatorio de la Actividad de la Justicia

    La Fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz Valcárcel, presentó el 1 de diciembre en Madrid el Informe 2010 del Observatorio de la Actividad de la Justicia. El acto ha contado con la participación del director del Observatorio, el magistrado Enrique López López, Ignacio Sánchez Guiu, Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Alfonso Cuenca Miranda, viceconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, y Juan José García de la Cruz, jefe de la Sección de Estudios Sociológicos del Consejo General del Poder Judicial.

    El Informe promovido por la Fundación Wolters Kluwer expone que los jueces y magistrados españoles recibieron de media en 2009 un 7,27% más de asuntos de los que pudieron resolver, ya que entraron 4.260.113 asuntos y de ellos sólo 3.981.025 pudieron ser atendidos. Sin embargo, el informe, realizado con los datos cerrados del pasado ejercicio, concluye que esta situación ha mejorado respecto a los años anteriores, donde se excedía el número de asuntos en un 9,44% en 2007 y un 8,59% en 2008.

    El informe señala también que los jueces y magistrados tienen hasta un 37,61% de sobrecarga de trabajo, indicador que empeora en un 5,68% respecto al correspondiente al año anterior.

    Además, el Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer ha cuantificado el número total de jueces y magistrados necesarios en atención a la carga de trabajo recibida en el año, teniendo en cuenta la localización geográfica y la especialidad jurisdiccional. De esta forma concluye que es necesario ampliar la planta judicial en un 10,55%, es decir, en 506 jueces y magistrados.

    La mejor relación de efectivos respecto a la carga de trabajo se da en las Salas de civil y penal y en las Audiencias civiles y mixtas. La peor relación está en los Juzgados de lo social y en los mercantiles. Este indicador también ha mejorado frente a años anteriores, ya que en 2007 se concluyó que era necesario incrementar la plantilla en un 16,3% y en 2008, en un 13,14%.

    Como muestra de esta carencia, el informe recuerda que el 18,13% del total de sentencias dictadas lo son por juzgadores que no forman parte de la carrera judicial, es decir, jueces designados de forma temporal y jueces y magistrados en activo pero que no están ejerciendo efectivamente en los órganos judiciales de los que son titulares. El incremento de este dato sobre el del año anterior es del 1,76%.

    Empeora el tiempo de respuesta

    El 72,44% de los órganos judiciales incrementó el tiempo en resolver los asuntos, con un empeoramiento del 2,57% respecto al año anterior como consecuencia del incremento de los asuntos pendientes y el crecimiento deficitario de la Planta, en número insuficiente en relación a los incrementos de las cargas de trabajo, entre otros factores

    Otra de las conclusiones del Informe muestra que el 53,67% de los asuntos son juzgados en un plazo considerado óptimo, porcentaje inferior en un 2,75% al del año 2008.

    Por otra parte, en 2009 el 55,02% de las resoluciones judiciales firmes se llevó a buen fin en relación al número total de las que fueron solicitadas. Este indicador mejor un 0,77% respecto al del año pasado. De cualquier forma, el número de ejecuciones pendientes en todos los órganos judiciales alcanzó la cifra de 2.101.523, la más alta en términos comparativos de los últimos años.

  • La Fundación Wolters Kluwer recibe la «Distinción a la Excelencia Europea»

    La Fundación Wolters Kluwer ha recibido la «Distinción a la Excelencia Europea», otorgada por la Comunidad de Madrid para reconocer la labor de esta Fundación al difundir nuestro sistema legal entre los inmigrantes a través del programa «Conoce tus leyes».

    La Comunidad de Madrid entrega estas Distinciones a personas, entidades y empresas que hayan trabajado en favor de la integración en la Unión Europea.

    Nuestra Fundación tiene entre sus fines mejorar el conocimiento del ordenamiento jurídico en la sociedad española, y por ello promueve desde hace dos años el programa «Conoce tus Leyes», que busca integrar a los inmigrantes mediante formación gratuita que muestra en qué afecta el Derecho a su vida diaria.

    Más de 4.000 personas han participado en las tres ediciones de este programa, que nació de la colaboración entre la Fundación Wolters Kluwer, la Comunidad de Madrid y la Fundación Cremades & Calvo-Sotelo, junto con el Colegio de Abogados de Madrid y 31 despachos y asesorías jurídicas de grandes empresas, que participan impartiendo los cursos. Las sesiones formativas corren a cargo de profesionales, miembros en activo de los despachos más prestigiosos del país, que colaboran voluntaria y gratuitamente con el proyecto.

    Por su parte, la Fundación organiza, diseña, crea los contenidos, aporta materiales, difunde la iniciativa y prepara (junto con la Comunidad Autónoma de Madrid) la logística necesaria para coordinar a los miles de participantes implicados entre alumnos e instructores.

  • La Fundación Wolters Kluwer firma un convenio de colaboración con el Instituto Euromediterráneo del Agua

    El agua es «un recurso público» y «es el Estado quien debe garantizarlo» a todos los territorios, declaró el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, durante la firma del convenio de colaboración firmado por la Fundación Wolters Kluwer y la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, en un acto en el que se ha presentado el número especial del «Diario LA LEY» dedicado al Día Mundial del Agua.

    El agua es «un recurso público» y «es el Estado quien debe garantizarlo» a todos los territorios, declaró el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, durante la presentación del número especial del «Diario LA LEY» dedicado al Día Mundial del Agua, cuyos contenidos han sido coordinados por la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.

    La presentación de un número monográfico del «Diario LA LEY» dedicado al agua tuvo lugar el pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en un acto en el que, además, la Fundación Wolters Kluwer y el Instituto Euromediterráneo del Agua han firmado un convenio de colaboración para el intercambio de conocimientos en materia de aguas con la idea de liderar un proceso de reformas de la legislación española y europea de aguas que tenga presente las necesidades de las regiones semiáridas y los problemas de escasez y sequía en el entorno mediterráneo.

    Según el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, Murcia es «un referente en cuanto a la calidad del agua», ya que sus infraestructuras de depuración «puestas en marcha tanto a lo ancho como a lo largo del río Segura y sus afluentes han convertido a sus aguas en las de mayor calidad de los ríos de España a pesar de ser el menos caudaloso».

    Cerdá aseguró que el Día Mundial del Agua «debe servir de reflexión» ante la «desigual distribución del agua» que hay en España y exigió «una mayor regulación estatal» para garantizarla a todos los territorios «con sentido común». «El agua es un recurso que es de todos», remarcó Cerdá, a pesar de que «en España se intenta territorializar» a través de reformas estatutarias.

    El consejero de Agricultura y Agua afirmó que el «Diario LA LEY», editado por la empresa multinacional Wolters Kluwer, es el periódico «líder» en información legal, con una tirada de 10.000 ejemplares. Cerdá agradeció a este periódico especializado el que «haya confiado en la Fundación del Instituto Euromediterráneo del Agua para la coordinación de los contenidos del número especial dedicado a Derecho de Aguas».

    El resultado de este número especial es un conjunto de 14 colaboraciones de expertos en Derecho de diversas universidades y centros de investigación que aportan una «visión completa» del Derecho de aguas en España. También se pueden leer referencias críticas para afrontar los cambios legales que se necesitan para actualizar la Ley de Aguas de 1985.

  • La segunda promoción del programa de integración recibe los diplomas acreditativos

    Los asistentes a la segunda edición del programa Conoce tus leyes se congregan en la Universidad Complutense para la entrega de diplomas, en un acto presidido por el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, junto con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, y el patrono de la Fundación Wolters Kluwer, Miguel Rodríguez Piñero. Cerca de 2.000 madrileños provenientes de América, África, Europa y Asia se inscribieron en la segunda edición del programa, que ha contado con la participación de 32 despachos de abogados, 19 ayuntamientos y 18 asociaciones.

    El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, junto con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, el patrono de la Fundación Wolters Kluwer, Miguel Rodríguez Piñero y el presidente de la Fundación Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades entregaron, en la tarde del 3 de marzo de 2010, los diplomas a los participantes que han cursado las tres jornadas de la II edición del programa Conoce tus leyes.

    La iniciativa, organizada y liderada por la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Wolters Kluwer y la Fundación Cremades & Calvo-Sotelo, y con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, tiene como objetivo dar a conocer a inmigrantes y autóctonos aspectos esenciales del sistema jurídico y legal español, con el fin de promover la participación e integración en la sociedad madrileña.

    Al programa, que también ha contado con una treintena de despachos jurídicos, se han sumado 19 ayuntamientos, 18 asociaciones, el despacho Herbert & Smith, la multinacional GSS y Vodafone, para facilitar el acceso de más inmigrantes y autóctonos a las sesiones impartidas en la región y que incluyen la red de los 17 Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI), la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC), sedes de asociaciones y ayuntamientos.

    La segunda edición de Conoce tus leyes contó con cerca de 2.000 personas inscritas. De ellos, el 77,4% son inmigrantes provenientes de Latinoamérica, principalmente de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. El 10% es de origen africano, el 8,5% es europeo y el 3,9% proviene de Asia.

    Del total de participantes, el 51% asistió a los cursos impartidos en los CEPI, el 27% asistió a las sesiones desarrolladas por asociaciones como APEM, AICODE, Alma latina y Asociación de Chinos en España, el 17% participó en los ayuntamientos y el 5% de los inscritos asistió a las sesiones impartidas en la EPIC.

    El programa se ha desarrollado en tres jornadas impartidas los días 14, 21 y 28 de noviembre de 2009. En dichos cursos se han dado a conocer los elementos básicos de organización y convivencia en España, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, las leyes en la vida diaria y el derecho de los extranjeros.

    La segunda edición de Conoce tus leyes se ha realizado una vez más gracias al trabajo voluntario de alrededor de 160 abogados, que han impartido sus conocimientos y experiencia con el fin de facilitar la integración en la región.

  • El pago con tarjeta de crédito 'peligra' por la reforma penal

    El futuro Código Penal dejará de equiparar el dinero de plástico con la moneda, ubicando su falsificación en capítulo aparte. Para los expertos, ello puede provocar un quebranto a la economía nacional. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los participantes a una nueva edición de los Encuentros Profesionales, en la que bajo el título La red, objeto de protección y medio para delinquir se trataron temas como las nuevas tecnologías como medio para la comisión de ilícitos penales, la reforma del Código Penal o la falta de una legislación unificada en la materia.

    El futuro Código Penal dejará de equiparar el dinero de plástico con la moneda, ubicando su falsificación en capítulo aparte. Para los expertos, ello puede provocar un quebranto a la economía nacional.

    La reforma del Código Penal, actualmente en trámite parlamentario, elimina la equiparación existente entre tarjeta de crédito y dinero.

    Asimismo, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros ubica la falsificación de tarjetas de crédito y débito en un capítulo aparte. Esto último, implica desapoderar a la Audiencia Nacional de la competencia respecto a la falsificación de tarjetas de crédito, que pasará a las Audiencias Provinciales. Este hecho, según el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, puede provocar una disparidad de criterios que podría ocasionar problemas de represión de estos delitos. Por ello, advirtió de que, al igual que ocurrió en su día con los cheques bancarios, este proceso pueda acabar resintiendo la utilización de la tarjeta de crédito como medio de pago, cuestión que acarrearía un grave quebranto para la economía nacional.

    Estas consideraciones fueron realizadas por Sánchez Melgar en el transcurso de un Encuentro Profesional, organizado en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) por la Fundación Wolters Kluwer, codirigido por el abogado y ex ministro de Justicia, José María Michavila, y el magistrado de la Audiencia Nacional y director del Observatorio de la Actividad de la Justicia, Enrique López.

    Bajo el lema, La red, objeto de protección y medio para delinquir, expertos como Marta Villén, directora de Seguridad Lógica y Prevención del Fraude en la Red de Telefónica, pusieron de relieve cómo las nuevas tecnologías, con Internet a la cabeza, facilitan la comisión de ilícitos penales. Villén puso sobre la mesa cifras respecto a los medios de fraude más utilizados actualmente como el phsihing obtención ilegítima de datos de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito para utilizarlos con finalidades ilícitas; el carding uso de tarjetas de crédito de otras personas para pagos a sistemas de compra a distancia; o fenómenos más recientes como el botnet, cuyo artífice puede controlar todos los ordenadores y servidores infectados de forma remota.

    Precisamente, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, indicó que los botnets no son ciencia ficción y prueba de ello es que estos casos ya están llegando a la Audiencia Nacional y planteando problemas respecto a cómo tipificar estos delitos para adoptar los mandamientos para su persecución.

    Según un estudio de McAfee, en 2009 se crearon una media de 148.000 ordenadores zombis infectados por botnets al día.

    Crisis del derecho penal

    Varios de los participantes en el Encuentro Profesional expresaron su preocupación por la falta de una legislación unificada, coherente en materia penal que pueda dar solución a los problemas planteados en la actualidad respecto a los delitos informáticos. Así, el abogado de González Franco, Manuel Cancio Meliá, expuso cómo en esta materia nos encontramos con un insoportable desdibujamiento de conceptos definitorios de infracciones criminales que ha llevado siglos construir, lo que está provocando la destrucción de una garantía esencial como es contar con una tipología clara de infracciones. En este punto, alabó la labor del legislador alemán que ha definido de forma más abierta la estafa informática.

    En la misma línea, el magistrado Eduardo Urbano indicó que la futura reforma del Código Penal sigue sin abordar lo esencial. A su juicio, habría que ir a un capítulo en el Código Penal de delitos informáticos. También el catedrático de Derecho Penal, Bernardo Feijoo, consideró que el ciber crimen crea tensiones en nuestro ordenamiento jurídico y abogó por que la ley penal se adecue a las nuevas realidades para no tener que hacer utilizaciones del Derecho que infringen el principio de legalidad.

    Por otra parte, el magistrado del Supremo, Manuel Marchena, reflexionó acerca de la validez de la prueba electrónica si ésta no viene avalada por el uso de firma electrónica. Así, señaló que el DVD que presenta la Policía o la Guardia Civil ante el juez instructor debería tener el mismo régimen jurídico probatorio que cuando se aporta en cualquier otro orden jurisdiccional por las partes o por cualquier fedatario público.

  • El 70% de los juzgados empeoró su tiempo de respuesta en 2008

    El 19 de noviembre de 2009 el Observatorio de la Actividad de la Justicia presentó en la sede del Auditorio Garrigues la II Edición de los Indicadores de la Actividad Judicial y el Índice Global correspondiente a 2008, lo que permite la comparación con los resultados obtenidos el año anterior. En la Jornada se contó con la participación de representantes de la Actividad Judicial (Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades Autónomas y Abogacía) y se presentó el libro Informe 2009, Observatorio de la Actividad Judicial, en el que se han plasmado todas las conclusiones obtenidas por el Observatorio.

    El número de asuntos pendientes de resolver en el año 2008 se incrementó en el 69,87% de los tribunales españoles lo que supone que sus tiempos de respuesta empeoraron ocho puntos con respecto al año anterior. Así se ha puesto de relieve en el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia que cuenta con diez parámetros con los que cada año calibra la marcha de la Justicia en España.

    Los técnicos del Observatorio, creado por la Fundación Wolters Kluwer y presidido por el magistrado y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, achacan este notable empeoramiento del indicador a las huelgas rotativas de funcionarios que se produjeron en dicho período, así como el incremento de la entrada de asuntos y la interinidad, circunstancias todas ellas que han contribuido a agravar la situación tradicional de retraso en la resolución de asuntos.

    IPC de la Justicia

    El Observatorio, que ayer presentó en la sede del Auditorio del despacho Garrigues el Índice Global de la Actividad Judicial un IPC de la Justicia con el que poder estudiar la evolución del sistema en su conjunto, ha estudiado a través de tres de sus indicadores la carga total de trabajo que soportan nuestros tribunales, calibrando tanto el número de asuntos recibidos en el año como los pendientes de resolución de períodos anteriores y poniéndolos en relación con la capacidad máxima de absorberlos que tiene la actual plantilla de jueces y magistrados.

    De esta forma, teniendo en cuenta que los litigios que entran superan en un 8,59% la capacidad máxima de resolver que tienen nuestros juzgadores, el Observatorio concluye que España necesita 700 nuevos jueces, es decir, que la planta actual debe ampliarse un 13,11% ya que la carga de trabajo no podrá ser atendida con la actual planta en un 31,93%.

    Pese a todo, este indicador el que mide la necesidad de incrementar el número total de jueces en atención a la carga de trabajo recibida en el año ha mejorado tres puntos con respecto al año anterior lo que puede deberse, según resaltó el director del Observatorio Enrique López durante la presentación, a que las unidades judiciales fueron creadas dónde realmente hacían falta. En este sentido, desde el Observatorio consideran relevante que para crear nuevos órganos se atienda a las necesidades reales y no a criterios de reparto político entre Comunidades Autónomas.

    En este indicador ha quedado patente que los órganos judiciales con una peor relación entre la planta judicial que tienen en atención a la carga de trabajo que soportan son los Juzgados de lo Social y los de lo Mercantil, una situación que puede tener mucho que ver con la actual coyuntura económica.

    De todo ello se deduce que la actual plantilla de jueces y magistrados de España no tiene capacidad para absorber las cotas de litigiosidad alcanzadas en los últimos años. Por ello, y en aras a mejorar la actual situación de la Justicia, López pedía ayer que se aborden reformas legales tendentes a reducir la litigiosidad

    Ejecuciones

    Otro de los indicadores estudiados por el Observatorio es el tiempo que se tarda en ejecutar las resoluciones, un dato que interesa a los ciudadanos por cuanto éstos no sólo se contentan con el hecho de que se dicte la sentencia que reconoce su derecho, sino que esperan que ésta se ejecute.

    En este caso, el informe apunta a que un 44,21% de las ejecuciones solicitadas sobre resoluciones firmes no son resueltas dentro del año en curso. Este indicador observa una mejora del 0,62% con respecto a 2007 lo que ha podido deberse a una mejor organización del trabajo en las oficinas judiciales. En el estudio destaca la eficacia de la actividad ejecutoria de los Juzgados de lo Social que alcanza una tasa del 95%.

    En el extremo opuesto se encuentra la primera instancia civil, con un 32,53% de resoluciones firmes ejecutadas.

    Los mejores resultados que arroja el estudio son los que se desprenden de los indicadores que evalúan la confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia. En este punto, las cifras demuestran que de todas las sentencias que se apelan sólo el 23,78% resultan modificadas por la instancia superior. Y sólo el 9,67% de las sentencias y resoluciones recurridas ante el Tribunal Supremo fueron revocadas.

    En este ámbito, el mejor resultado corresponde a la casación penal, con un índice de confirmación de sentencias del 95,84% y el peor a la jurisdicción contencioso-administrativa cuyo índice de confirmación es del 84,05%.

    Finalmente, el Observatorio concluye señalando que el IPC de la Justicia registrado para 2008 es del 68,40% frente al 73,01% registrado en 2007, lo que supone una caída de cerca de cinco puntos como consecuencia de la variación negativa de los indicadores referidos a carga de trabajo, duración de los procesos, cumplimiento del módulo de dedicación y comparación interanual de la duración de los procesos. Al respecto, Antonio Dorado, vocal del CGPJ, apuntó que los resultados del Observatorio muestran que pese a algunos esfuerzos que se han realizado, la situación no ha mejorado lo suficiente, de aquí que otra de las actuaciones consideradas como prioritarias es la búsqueda de formas alternativas para la resolución de conflictos.

    En igual sentido, Alfonso Cuenca, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, apostó por tomarnos en serio la implantación, de una vez por todas, de métodos alternativos de resolución de conflictos.

    Antonio Garrigues, presidente del despacho Garrigues, aplaudió la iniciativa de la Fundación Wolters Kluwer de medir la actividad de la Justicia porque todo lo que se mide, mejora. Para Caridad Hernández García, directora general de relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, se ha tomado impulso para dar en poco tiempo los resultados que la ciudadanía espera en relación a la Justicia. No obstante, reconoció que hay mucho trabajo por delante. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ofreció toda la experiencia de las escuelas de práctica jurídica para enseñar técnicas de mediación, de transacción y para coadyuvar a implantar la cultura del arbitraje.

    Para consultar las conclusiones del estudio completo, pulse aquí .

  • El Observatorio de la Actividad de la Justicia participa en la elaboración del informe editado por la Fundación Telefónica

    La digitalización, la firma electrónica y el acceso a las redes de banda ancha son algunos de los principales retos a los que se va a enfrentar en un futuro inmediato la Administración de Justicia española, según el informe Las TIC en la Justicia del futuro que se presentó el 23 de noviembre en Madrid, impulsado por Fundación Telefónica con la colaboración de los expertos del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer.

    La nueva oficina judicial y el expediente electrónico implicarán un nuevo modelo organizativo, más ágil y eficiente, de la Administración Judicial en España y abrirán el camino a la Justicia en Red basado en el procesamiento digital, el almacenamiento, la transmisión y el uso compartido de la información. La Justicia, un sector intensivo en información, es el campo idóneo para el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que servirán para alcanzar un modelo de Justicia en Red ágil, seguro e interoperable, que mejore los tiempos de ejecución.

    Estas son algunas de las conclusiones del libro Las TIC en la Justicia del futuro, desarrollado por la Fundación Telefónica con la participación de los expertos del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer.

    Con el concepto de oficina sin papeles se podría recuperar más de una cuarta parte del espacio disponible y reutilizarlo para nuevas necesidades, reduciendo un 87% el tiempo de consulta de los expedientes.

    El informe, que indica que la nueva oficina judicial y el expediente digital abrirán el camino hacia un modelo de justicia en red y a su mejora administrativa, se centra en los necesarios cambios técnicos, organizativos y administrativos encaminados hacia un modelo en Red de la Administración de Justicia. El informe responde a una demanda ciudadana, ya que el Primer Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia elaborado en 2009 por la Fundación Wolters Kluwer (puede consultarse en www.fundacionwolterskluwer.es) refleja que el 85% de los encuestados considera la mejora de los medios técnicos como requisito indispensable para aumentar la eficacia del servicio.

    La implantación de las TIC ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de una Justicia más accesible, próxima y transparente, que ofrezca nuevos canales de acceso a la información. Por otro lado, mejora la relación con los ciudadanos prestando un servicio de mayor calidad capaz de garantizar con rapidez y eficacia los derechos legalmente reconocidos.

    Por su parte, el Vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Javier Nadal, ha definido el esfuerzo realizado con el estudio, que recoge de forma pionera las buenas prácticas de aquellos sistemas tecnológicos que ya se han utilizado con éxito, como necesario para que la cultura de los agentes que tienen que intervenir en la modernización de la Justicia española sea la adecuada, en un proceso que ha definido de fertilización cruzada entre las TIC y la Justicia.

    Enrique López, director del Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer y coordinador del volumen se ha referido al inevitable e ineludible proceso de modernización que tiene que atravesar la Justicia española y, en ese sentido, las TIC se comportan como un elemento de ayuda para el cambio y para robustecer la relación de la Justicia con los ciudadanos. Ha añadido que hay que dotar al Poder Judicial de las condiciones óptimas para que pueda ejercer sus funciones. Se hace necesaria una Justicia de mayor calidad y calidez.

    Para López, en la situación actual, no se puede modernizar ni tecnificar el caos, aunque también ha reconocido que gran parte de los retos que este libro plantea afortunadamente se están desarrollando de forma eficaz por los agentes públicos. Es necesario un plan estratégico de todas las organizaciones y hay que ir implantando las TIC paulatinamente donde lo vaya requiriendo el sistema de la oficina judicial. Ha resaltado que es importante el cambio cultural de jueces y del colectivo profesional de la justicia.

    Por su parte, Fernando de la Rosa, vicepresidente del CGPJ, ha definido el libro como una radiografía fiable, veraz y objetiva del estado en que se encuentra la implantación de las TIC en la Administración de Justicia, ya que las tecnologías aún no son de uso cotidiano en la Justicia española; en este sentido, el CGPJ ha puesto en marcha un plan de modernización de la Justicia cuyos objetivos son la organización y capacidad instrumental adecuada de los jueces, la rápida disponibilidad de información para jueces y magistrados mediante el expediente electrónico y la interoperabilidad que permita compartir información entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las Comunidades Autónomas. En concreto, se refirió al proyecto del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.

    El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que la publicación del estudio debe conducir a la inaplazable acción de modernización en la que estamos todos implicados, ya que la Justicia española se sigue percibiendo como lenta y deficiente por el ciudadano y estamos viviendo un momento trascendental para que la Justicia española se convierta en uno de esos servicios de vanguardia. Lo cierto es que para Campo, gran parte de los expedientes siguen yendo por los pasillos de la Administración de Justicia en los carritos de la compra a diferencia de lo que ocurre en otros sectores públicos. Por lo tanto, para Campo, el triple objetivo del futuro de la Justicia descansa en la accesibilidad, la interoperabilidad y la expansión y puso como ejemplo el sistema de intercambio telemático Lexnet.

  • El 21 de noviembre la Fundación organizó un concierto benéfico por los chicos de la llave

    La Fundación Wolters Kluwer, en consonancia con su objetivo de desarrollar acciones sociales que refuercen la Educación, ha promovido el concierto benéfico participativo cuya recaudación se ha destinado a beneficio de la Fundación Balia, dedicada al apoyo socioeducativo a los jóvenes en riesgo de exclusión social.

    Los empleados de Wolters Kluwer y de la Fundación Wolters Kluwer han puesto la voz cantante. La Orquesta de la Comunidad de Madrid, la música. Los "chicos de la llave" ponen el sentido al evento que celebramos el 21 de noviembre en el Auditorio Nacional (Madrid).

    Para ello, los propios empleados de Wolters Kluwer y de la Fundación interpretaron obras corales (Mozart, Parry, Orff), acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid -ORCAM-, que colaboró desinteresadamente.

    Gracias a las 1500 personas que acudieron al evento, en el que más de 200 trabajadores de Wolters Kluwer cantaron por los "chicos de la llave", ésos cuyas familias no tienen medios para atenderlos y se hallan en riesgo de exclusión social y a los que la Fundación Balia ofrece apoyo socioeducativo, recaudamos casi 28000€ que se han destinado a la causa.

  • Apuesta por la prevención ante el alto riesgo penal empresarial

    Ante el difuso escenario legal con el que cuentan los administradores de las compañías, los expertos abogan por implantar estrategias que minimicen los riesgos de imputación penal. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los participantes a una nueva edición de los Encuentros Profesionales, en la que se trataron temas como los concursos de acreedores con sus múltiples problemas, la responsabilidad de los Consejeros, y el derecho al honor y a la intimidad y las nuevas tecnologías.

    Los administradores de las empresas denuncian la inseguridad jurídica a la que se enfrentan por la escasa nitidez con la que está regulada su responsabilidad. Una situación que tiene visos de empeorar si se tiene en cuenta que la futura reforma del Código Penal trae como novedad el someter a responsabilidad penal a las empresas, con el coste reputacional que ello supondrá para las compañías, así como para sus administradores, que podrán ser llamados a declarar como voz de la imputada, que será la compañía.

    Así se puso de relieve en una de las mesas redondas celebradas en el Encuentro Profesional, organizado por la Fundación Wolters Kluwer, bajo la dirección del abogado y ex ministro de Justicia José María Michavila, que versó sobre La responsabilidad de los consejeros. Ante el panorama penal progresivamente amenazante para los consejeros y las empresas, con nuevos delitos y nuevos modos de imputación, según explicó Juan Antonio Lascuraín, director de Corporate Defense de González Franco, lo más aconsejable es que las compañías implanten un plan de prevención de riesgos penales. Para este catedrático hay que establecer estrategias organizativas dirigidas a que no se generen delitos en la actividad empresarial y a que, en caso de que se produzcan, no salpiquen injustificadamente a empresa y administradores.

    Por su parte, el secretario general y del consejo de administración de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, explicó cómo la deficiente regulación que existe en España en materia de responsabilidad de consejeros hace realmente complicado saber cuáles son los intereses que deben defender los administradores. Nos movemos continuó en un ámbito con una gran inseguridad jurídica, que se amplificará el día en que la responsabilidad afecte a la sociedad propiamente dicha. En este sentido, Sánchez de Lerín abogó por que se delimite mejor la responsabilidad de los administradores en sus dos vertientes, la penal y la mercantil, y expresó su convencimiento de que el sistema implantado en América con la Ley Sarbanes-Oaxley es mejor que el español.

    En el coloquio, Borja García-Alamán, de Garrigues, explicó cómo esta situación se agudiza en tiempos de crisis, al entrar en juego la posible responsabilidad concursal. En este punto, abogó porque la responsabilidad concursal no se interprete acudiendo a criterios sancionadores, sino a los de responsabilidad civil por culpa. También el magistrado Enrique López pidió que en la futura reforma de la LECrim se contemple la posibilidad de articular mecanismos preprocesales que permitan al juez indagar previamente para evitar que, ante una denuncia contra una empresa, se tenga siempre que citar como imputado a su representante legal. Por todo ello, Andoni Echebarría, director de Bruzon & Miller, aconsejó a los administradores que contraten pólizas con coberturas amplias para proteger su patrimonio.

    Los Encuentros Profesionales, que organiza la Fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz Valcárcel, se han convertido, bajo la dirección de José María Michavila, en un espacio intelectual con capacidad de opinar con Gobierno y Parlamento sobre cómo mejorar las futuras normas. En el último, además, de debatir sobre La responsabilidad de los Consejeros, también tuvo lugar un foro sobre El derecho al honor y a la intimidad y las nuevas tecnologías, en el que intervinieron los magistrados José Manuel Maza, del Supremo; Enrique López, Audiencia Nacional y Eduardo Urbano, gabinete técnico del Supremo. Finalmente, se abordó el tema Los concursos de acreedores y sus problemas, con la participación de Santiago Hurtado, secretario general técnico de Justicia; los catedráticos Manuel Olivencia yJuana Pulgar; Francisco Uría, vicesecretario de la Asociación Española de Banca, y María José García Beato, secretaria general de Banco Sabadell.